El Plan Especial de Regadío de Doñana dará seguridad jurídica a 9.330 ha que no la tenían

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Fuente: Huelva Información

Mañana viernes se debaritá en el Consejo de Participación de Doñana del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío de la Corona Norte de Doñana la inversión de al menos 62 millones de euros y que vendrá a dar seguridad jurídica a 9.330 hectáreas que hasta ahora carecían de un marco regulador.

El documento, que ordena una superficie de 64.457 hectáreas, supone un hito en la incipiente historia agrícola en el Condado, al determinar por primera vez las zonas de riego y el derecho al uso de los pozos que abastecen las necesidades de los cultivos.

Siguiendo las directrices marcadas por el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), la Junta de Andalucía dará cobertura legal a toda aquella superficie agrícola de riego explotada con anterioridad al 2004, en que vio la luz dicha norma que ponía techo a la extensión de los regadíos en la comarca.

Han tenido que pasar diez años desde entonces para que la ordenación de los regadíos vea la luz y el sector agrícola logre una añeja aspiración, disipando los fantasmas de nuevos ataques al modelo de producción en la comarca, pivotados en esta falta de normativa que ha permitido a algunos países iniciar aviesas campañas mediáticas de desprestigio, trazando paralelismos entre aquellos empresarios que habían arramblado con terrenos forestales y quienes cumplían escrupulosamente con la ley.

Durante la fase de desarrollo el Plan ha visto incrementado en torno a 200 el número de hectáreas inicialmente previstas en el primer borrador (9.105), el cual presentó la administración autonómica hace algunos años. El sector agrícola cursó 3.800 alegaciones sustentadas en errores de cartografía «por razón de escala o de metodología». Ha tenido que ser tras un minucioso análisis de los mismos, del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas, y con apoyo de otras fuentes de información como imágenes de satélite, fotografías, inventarios de cultivos y bases de datos, tras los que se ha logrado definir el mapa final.

De este modo, las fincas legalizadas serán todas aquellas que entren en dos supuestos: fincas agrícolas que disfrutan de derecho de acceso al agua para riego, con independencia de si fueron otorgadas por la CHG o por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; o, en su defecto, terrenos que aun no teniendo derechos vienen regando desde al menos el 2004 y han mantenido la actividad desde esa fecha.

Quedan excluidos de la ordenación todas aquellos terrenos en los que «hayan recaído denuncias por cambio de uso sin autorización de forestal a agrícola, o aquellos que se han transformado sin autorización o sin ajustarse a la resolución de autorización emitida por la Administración forestal»; así como «los suelos regables de las parcelas en Monte Público que no tienen derecho de explotación otorgado por concesión». Leer más …

 

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