El CSIC rechaza la autoría del informe Gas Natural en Doñana

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) deja en evidencia al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Ambos se ampararon el pasado viernes en un supuesto informe del CSIC para cargar contra el Gobierno central a cuenta del proyecto de Gas Natural en el entorno de Doñana; sin embargo, el CSIC rechaza tajantemente que ese informe represente la posición de esta institución, según un documento al que ha tenido acceso ABC.

El proyecto Marismas (la iniciativa para almacenar gas natural en una veintena de yacimientos agotados distribuidos entre Aznalcázar y Almonte) se ha convertido en un nuevo foco de confrontación entre la Junta y el Gobierno. En un principio, la Administración regional concedió sus bendiciones administrativas para acometer una parte de esta inversión industrial y, de hecho, otorgó la Autorización Ambiental Unificada positiva a dos de las cuatro fases de Marismas, una en 2010 y otra en 2016. El viernes decidió ampararse en un informe del CSIC para revertir esta situación y cambiar radicalmente su criterio, amenazando al Gobierno de Mariano Rajoy con acudir a los tribunales si no detiene inmediatamente las obras.

Según la carta a la que ha tenido acceso ABC, el CSIC no reconoce como suyo el informe con el que tanto Susana Díaz como José Fiscal han amenazado al Gobierno central con acudir a la Justicia. De hecho, se trataría de un documento antiguo que en este momento solo está accesible a través de la página web de la asociación conservacionista Greenpeace. Ese escueto informe de cuatro páginas solo hace referencia de forma específica al Proyecto Marismas en tres párrafos, en los que el geólogo Miguel Doblas Lavigne (adscrito al CSIC) indica que la iniciativa de Gas Natural Fenosa «no incluye un estudio geofísico-tectónico que evalúe el riesgo sísmico» de esta infraestructura. Y en base a esa afirmación —que no es correcta— la Junta de Andalucía ha decidido deslegitimar las dos Autorizaciones Ambientales Unificadas que sus propios técnicos han aprobado.

El presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, rechaza en una misiva, dirigida a Gas Natural Fenosa, que el supuesto informe que esgrime la Junta de Andalucía sea la postura oficial de esta institución científica. Lora Tamayo remitió esta carta a la compañía gasista el pasado 11 de julio explicando que «las expresiones del señor Doblas citadas en el mencionado informe son de su autoría y responsabilidad, por lo que no se corresponden con el informe emitido por el CSIC a través de la Estación Biológica de Doñana».

Lora-Tamayo apunta que el 20 de marzo de 2017 el Defensor del Pueblo Andaluz hizo una consulta al CSIC en relación a «distintas cuestiones vinculadas con el proyecto de Gas Natural». Sin embargo, el CSIC recomendó a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que «sobre este tema consulte a los expertos del Instituto Geológico y Minero de España», dado que la Estación Biológica de Doñana no cuenta con expertos en esta materia. Fiscal fue el encargado de anunciar que, con el amparo del supuesto informe del CSIC, iría a los tribunales contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La presidenta de la Junta de Andalucía anunció posteriormente en su cuenta de twitter que «si el Gobierno no paraliza el proyecto de Gas Natural, desde la Junta lo frenaremos en los tribunales».

La simple secuencia de los acontecimientos que han llevado a que la Junta de Andalucía utilice este falso informe del CSIC deja en evidencia la gran improvisación con la que ha decidido cargar contra el Gobierno. Todo empezó cuando el Defensor del Pueblo pidió en marzo al delegado en Andalucía del CSIC, Manuel Ángel Ferrer Baena, un informe sobre las repercusiones del proyecto Marismas en Doñana. En apenas unas semanas, Ferrer contestó que la Estación Biológica de Doñana no estaba capacitada para tal trabajo, pero sí le remitió algunos documentos sobre Doñana que se habían realizado de forma dispersa por parte de algunos científicos de la institución, haciendo un «corta y pega» de distintos estudios ya publicados con anterioridad.

Entre esos documentos estaba el escueto análisis de cuatro páginas de Manuel Doblas Lavigne, realizado hace un año y disponible en la página web de Greenpeace (donde está colgado con el logotipo impreso de esta asociación conservacionista). Junto a Miguel Doblas, científico del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el estudio también lo firma Julio Barea, geólogo activista que dirige las campañas de agua de Greenpeace, y José Manuel Cantó, geólogo por la Universidad de Granada. Ese antiguo estudio es utilizado por la Junta como un informe muy novedoso respaldado por el CSIC.

El proyecto de Gas Natural se compone de cuatro subproyectos: Aznalcázar, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Saladillo. Globalmente es una red de 72 kilómetros de gasoductos para conectar dieciséis pozos aislados. De esa red, 13 kilómetros ya existen y se mantendrán sin cambios y otros 37 kilómetros serán una renovación de gasoductos que funcionan desde hace treinta años (solo habrá veinte kilómetros nuevos). De los dieciséis pozos que contempla Marismas para almacenar gas, doce son emplazamientos existentes desde los años ochenta.

Marismas Oriental y Aznalcázar está fuera del Espacio Natural Doñana, con lo cual su ejecución es más sencilla. Ambas tienen la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Unificada. Es decir: la Junta les ha dado sus bendiciones.

El escueto documento de cuatro páginas con el que la Junta de Andalucía amenaza con llevar al Gobierno central a los tribunales sostiene que el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Marismas debe incluir «un minucioso estudio geofísico y tectónico que evalúe el riesgo sísmico de la zona». Esa aseveración es incierta, ya que la parte del proyecto de Gas Natural que ya ha sido aprobada (la denominada Marismas Occidentales) cuenta con un informe de marzo de 2015 de riesgos geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos, elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España. Esta institución, a su vez, exigió un estudio adicional, que fue elaborado por las consultoras Ayterra, Geostock y Seismik. En el proyecto hay un documento complementario al estudio sísmico de la consultora Omicron y el diseño de una red de monitorización de la sismicidad elaborado por Geostock. Una parte de Marismas está funcionando desde hace años sin generar ningún problema.

Fuente: ABC

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